Fernández asume que Diputados no sancionará la Reforma a la Procuración y evalúa un plan alternativo


Alberto Fernández sacó las cuentas y asumió que no hay número suficiente en Diputados para sancionar la ley de Reforma de la Procuración General redactada por senadores ultrakirchneristas a pedido de Cristina Fernández para desplazar a los fiscales federales que en Comodoro Py investigan sus casos de presunta corrupción pública.

El ministro de Justicia, Martín Soria, encabezó la operación política para lograr que la Cámara Baja tratara cuanto antes la reforma a la Procuración General, pero anoche en Balcarce 50 reconocían que ese movimiento kirchnerista estaba destinado al fracaso.

La vicepresidente desea terminar con la carrera judicial de Eduardo Casal, el procurador interino que se resiste a suspender las investigaciones por corrupción contra CFK, y los senadores oficialistas resolvieron modificar la ley de la Procuración para satisfacer las necesidades procesales de su líder política. Si la iniciativa kirchnerista fuera sancionada en Diputados, todos los fiscales federales que investigan a Cristina caerían en el destierro a pocos metros del Archivo Judicial de la Nación.

Los diputados Cecilia Moreau y Rodolfo Tailhade, respaldados por Máximo Kirchner -jefe de la bancada oficialista-, intentaron sumar votos de la oposición para sancionar la ley en el recinto de sesiones. Pero la iniciativa es impresentable desde una perspectiva política-jurídica, y la mayoría de los eventuales aliados opositores decidieron correrse de una jugada que se parece a la mancha venenosa.

A la tarde, el proyecto redactado a la medida de CFK tendrá dictamen de un plenario de comisiones convocadas ad hoc en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ese triunfo parlamentario no significa nada: Máximo Kirchner ya hizo las cuentas y le faltan -al menos- 5 votos para lograr la sanción definitiva de la Reforma que desea Cristina.

Mientras el kirchnerismo duro intenta juntar los votos de la oposición, Daniel Rafecas anticipó que no aceptará la Procuración si sus facultades son establecidas por la iniciativa que intenta aprobar el oficialismo en Diputados. Rafecas jugó su carta en las redes sociales, y nunca le avisó a Alberto Fernández que estaba ejecutando una maniobra autoprotectiva.

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“Si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, posteó Rafecas en su cuenta de Instagram.

La ley actual sostiene que la designación del Procurador General necesita de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado. Una mayoría especial que el proyecto kirchnerista podó a la mitad de los senadores presentes. Se trata de un número que encierra dos obviedades políticas: el peronismo puede nombrar con sus propios votos -tiene más de los 37 necesarios- y Rafecas jamás aceptaría llegar sólo con la aprobación del oficialismo.

Cristina desconfía de Rafecas, y esas dos obviedades implican una decisión personal que apuntó a proteger sus propios intereses políticos. Con la reforma al número de nominación, la vicepresidenta debilita la llegada del candidato presidencial, y a la vez tiene la oportunidad de designar uno propio con sus votos en la Cámara alta.

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